DESCRIPCIÓN GENERAL
El riesgo de corrupción en Nueva Zelanda [3] es mínimo, el país se encuentra continuamente entre los países menos corruptos del mundo, de acuerdo con las principales instituciones e índices de clasificación.
De acuerdo con Transparencia Internacional, algunos de los factores que contribuyen a la fortaleza del país en el combate a la corrupción son: [4]
· Liderazgo histórico en derechos humanos como el sufragio universal desde 1893.
· Servicio público basado en el mérito originado en la Ley de Servicio Público de 1912.
· El fuerte papel desempeñado por el Defensor del Pueblo y el Auditor General.
· Leyes fuertes y ejecutables.
· Una población bien educada.
Asimismo, es relevante señalar que el entorno regulatorio es favorable para las empresas, toda vez que los trámites para obtener una licencia o contar con servicios públicos, a menudo toman solo un día. Además, el soborno activo y pasivo en el sector privado y público están prohibidos por la Ley de Delitos y la Ley de Comisiones Secretas. Las sanciones oscilan entre multas de 2.000 NZD (dólar neozelandés) y 14 años de prisión. Por lo que, los funcionarios públicos no pueden solicitar ni aceptar obsequios de acuerdo con el Código de Conducta de la Comisión de Servicios del Estado. [5]
NORMATIVA
La Ley de Delitos de 1961 (The Crimes Act 1961) en su sección 6 define corrupción como aquel delito consistente en dar, ofrecer o aceptar sobornos de una persona con la intención de influir en los actos u omisiones que un funcionario público realice de manera oficial. Esto se aplica a los jueces, los miembros del Parlamento, los ministros y el personal encargado de hacer cumplir la ley, funcionarios públicos y funcionarios públicos en el extranjero. Las penas de prisión van desde siete hasta catorce años.
La ley considera también un apartado referente al uso corrupto de la información, definido como el uso o divulgación de manera corrupta de cualquier información (incluyendo información personal) que se adquiriera de forma oficial y que sea usada para obtener directa o indirectamente una ventaja o ganancia. [6]
Por otra parte, la Ley de Comisiones Secretas de 1910 contempla a los delitos de soborno y corrupción relacionados con el sector privado. Los delitos incluidos son: la aceptación de regalos, entrega de recibos falsos y el no revelar el principal interés financiero en un contrato. Como sanción contempla el encarcelamiento por un periodo máximo de 7 años. [7]
Además de la legislación de Nueva Zelanda, las empresas exportadoras deben familiarizarse con las leyes de las jurisdicciones locales en las que operan, y también con las leyes de “largo alcance” aplicables, principalmente las de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977 (FCPA de EE. UU.) Y la Ley de Sobornos del Reino Unido de 2010 (Ley de Sobornos del Reino Unido). [8]
COMPETITIVIDAD GLOBAL
Nueva Zelanda obtuvo 76.7 puntos en el Índice de Competitividad Global (ICG) 2019, publicado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidades para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Está bien situado en este ranking de competitividad en el que ocupa el puesto 19 de los 141 países que se analizan. [9]
Particularmente, algunas variables relacionadas con el control de la corrupción se encuentran en uno de los doce pilares que integran el ICG 2019, específicamente en el Pilar 1: Instituciones en donde Nueva Zelanda obtuvo los siguientes resultados:
El Pilar 1 captura aspectos como: seguridad, derechos de propiedad, capital social, controles y balances, transparencia y ética, desempeño del sector público y gobierno corporativo. Pues, las instituciones impactan la productividad, principalmente a través de incentivos y reduciendo las incertidumbres. Así, resulta importante medir cómo al establecer restricciones, tanto legales (leyes y mecanismos de aplicación) como informales (normas de comportamiento), las instituciones determinan el contexto en el que los individuos se organizan, así como a su actividad económica.
PRINCIPALES INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
SISTEMA JUDICIAL
Los jueces en Nueva Zelanda son nombrados por el Gobernador General con el asesoramiento del Fiscal General, que es miembro del Gabinete de Gobierno. El poder judicial es independiente en su toma de decisiones y no puede ser influenciado por los poderes legislativo y ejecutivo. Los jueces interpretan y aplican la ley a través del sistema judicial al escuchar y decidir casos. En casos en los que el estatuto no está claro, examinan la jurisprudencia anterior de casos similares para determinar sus sentencias. [11]
Sobre la estructura del Sistema Judicial, Nueva Zelanda tiene tribunales generales y tribunales especializados. La mayoría de las cuestiones legales son tratadas por "tribunales de jurisdicción general". Estos tribunales deciden los asuntos penales y civiles. También hay varios tribunales especializados que se ocupan de cuestiones relacionadas con el trabajo, asuntos familiares y delitos juveniles. [12]
POLICÍA
De acuerdo con la Encuesta de Satisfacción de los Ciudadanos respecto de la Policía de Nueva Zelanda 2018/19, a nivel nacional, la confianza en la Policía es alta y estable con el 79% de los encuestados afirmando que tienen “Total o bastante confianza en la Policía”, en comparación con el 78% en 2017/18. [13]
De igual manera, Nueva Zelanda cuenta con la Autoridad Independiente de la Conducta Policial (IPCA, por sus siglas en inglés), la cual investiga y resuelve las quejas y denuncias en contra de las fuerzas policiales. Asimismo, supervisa los lugares de detención de la policía para garantizar que se cumplan las normas de derechos humanos. El IPCA es legalmente independiente del gobierno y la policía, en virtud de la Ley de Entidades de la Corona. [14]
SERVICIOS PÚBLICOS
El gobierno de Nueva Zelanda tiene un Código de Conducta que establece los estándares de comportamiento que se espera de los servidores públicos. Dentro de los valores que integran dicho Código de Conducta se encuentran ser justos, imparciales, responsables y dignos de confianza. [15]
La encuesta Kiwis Count 2018 mide la confianza en los servicios públicos de dos maneras: la confianza de los neozelandeses basada en la experiencia personal del uso de los servicios públicos y la confianza en la marca del servicio público (percepción). Según ambas medidas, la confianza (el porcentaje de personas que respondieron cuatro o cinco en una escala de cinco puntos) ha aumentado notablemente desde 2007, con el mayor aumento de la confianza en la percepción del sector público.
En 2018, la confianza en los servicios públicos basada en la experiencia personal fue alta, del 80%, 13 puntos porcentuales más alta que cuando se midió por primera vez en 2007. Por su parte, la confianza basada en la percepción en el sector público fue del 50% en 2018, un cinco por ciento más que en 2016 y un nuevo récord.
La encuesta realiza también un comparativo referente a la satisfacción generada por los servicios del sector público y privado, destacándose una mayor satisfacción en los servicios públicos con 77%, mientras que en el caso del servicio privado la satisfacción es del 68%. [16]
Ahora bien, tras una consulta pública en 2018, el Gabinete ha decidido derogar la Ley del Sector Estatal de 1988 y reemplazarla con la nueva Ley de Servicio Público como parte de un programa más amplio de Reforma al Servicio Público.
La nueva Ley del Servicio Público [17], proporciona un marco legislativo moderno para crear un servicio público más colaborativo y cohesionado. La Ley tiene como objetivo:
· Establecer el propósito, los principios y los valores de un servicio público apolítico, así como su papel en la formación del gobierno.
· Reconocer el papel del servicio público para apoyar a la Corona en su compromiso con los maoríes.
· Proporcionar soporte para diversos arreglos organizativos, que respondan de forma más efectiva a las prioridades del servicio público.
· Incrementar la interoperabilidad del servicio público para hacerlo un lugar de trabajo más atractivo e inclusivo en el futuro.
· Fortalecer el liderazgo en el servicio público, proporcionando sistemas orientados al desarrollo de liderazgos.
Además, propone un conjunto de nuevos principios y valores, tales como:
CONTRATACIÓN PÚBLICA
La contratación pública de Nueva Zelanda está respaldada por un amplio marco que incluye: i) Cinco principios de la contratación pública, ii) Cédula de contratación pública, iii) Normas de contratación pública y iv) Guía de buenas prácticas.
Los principios son los valores generales que se aplican a todas las compras gubernamentales y proporcionan los fundamentos de las buenas prácticas de compras, éstos son: 1) Planificar y gestionar para grandes resultados, 2) Ser justos con todos los proveedores, 3) Obtener el proveedor adecuado, 4) Conseguir la mejor oferta para todos, y 5) Jugar según las reglas.
Además de la política y las normas, existen los estatutos relevantes relacionados con la contratación y compra de bienes y servicios, así como el derecho común de los contratos. Entre la legislación más relevante en la materia se encuentran:
· Ley de contratos y derecho mercantil de 2017.
· Ley de Comercio de 1986.
· Ley de Comercio Justo 1986.
· Ley de contratos de construcción 2002.
· Ley de contratos de los organismos públicos de 1959. [18]
En general, de acuerdo con Business Anti-Corruption existe un bajo riesgo de corrupción en el sector de contratación pública de Nueva Zelanda. La desviación de los fondos públicos es poco común, y los funcionarios no muestran favoritismo a firmas e individuos bien relacionados al momento de decidir sobre políticas y contratos. [19]
De acuerdo con el Índice Internacional de Efectividad del Servicio Civil (InCiSE 2019) Nueva Zelanda ocupa el primer lugar en materia de adquisiciones, éste analiza la medida en que los procesos de adquisición del gobierno son eficientes, competitivos, justos y buscan una relación calidad-precio. Se destaca su trabajo en tres métricas: alcance de las funciones de contratación electrónica dentro de su sistema general de adquisiciones, el papel de su organismo central de compras, y la medida en que existen políticas para permitir que las pequeñas y medianas empresas participen en los procesos de contratación del gobierno central. [20]
SOCIEDAD CIVIL
Nueva Zelanda cuenta con una prensa independiente, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático en funcionamiento. En su legislación se establece la libertad de expresión, incluida la prensa. Asimismo, la ley establece las libertades de reunión y asociación pacíficas, y el gobierno generalmente respeta estos derechos. [21]
Siguiendo el informe de Freedom House, los neozelandeses discuten libremente puntos de vista personales sobre temas delicados y no existen restricciones significativas sobre la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para formar, operar y solicitar fondos. Sin embargo, en marzo de 2017, el Parlamento aprobó una nueva legislación sobre inteligencia y seguridad. La legislación permite a las autoridades policiales acceder a comunicaciones privadas bajo ciertas condiciones para proteger la seguridad nacional. [22]
PROTECCIÓN A DENUNCIANTES (WHISTLEBLOWING)
Nueva Zelanda cuenta con la Ley de Denuncia Protegida (2000), la cual se promulgó para alentar a las personas a denunciar faltas graves en su lugar de trabajo, brindando protección a los empleados. Esto se aplica a los lugares de trabajo del sector público y privado. Las agencias del sector público están obligadas a establecer procedimientos internos para manejar la denuncia de irregularidades. [23]
Esta legislación protege las denuncias de empleados (incluye a antiguos empleados, trabajadores a domicilio, contratistas, personas adscritas a organizaciones y voluntarios). No existen límites en cuanto a quién puede ser objeto de un reporte.
La denuncia anónima está permitida, pues no hay ningún requisito para que los empleados revelen su nombre como parte de su denuncia protegida.
Además, la Ley de Derechos Humanos (1993) impide que cualquier persona victimice a otra por haber ejercido sus derechos bajo la Ley de Denuncia Protegida o por tener la intención de hacerlo. Mientras que, la Ley de Privacidad (1993) contiene protecciones implícitas para los datos personales de los denunciantes. [24]
Nueva Zelanda cuenta también con una oficina del Defensor del Pueblo, cuya función principal es investigar quejas contra agencias gubernamentales; una de sus atribuciones consiste en brindar asistencia en caso de que cualquier persona (del ámbito público o privado) quiera hacer una denuncia sobre irregularidades y protegerla en el proceso la denuncia. [25]
DESCARGA DE FICHA
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FUENTES CONSULTADAS
[1] El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional combina datos de una variedad de fuentes distintas que recogen las percepciones que tienen empresarios y especialistas de 180 países y territorios sobre los niveles de corrupción en el sector público. Para mayor referencia, véase el sitio de publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2020, disponible en: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/
[2] El IPC2020 utiliza una escala de 0 a 100. 100 podría entenderse “sin corrupción” y 0 podría entenderse como “altamente corrupto”.
[3] NOTA: La información del Banco de Buenas Prácticas es de carácter informativo. Las prácticas no son evaluadas bajo ninguna metodología o criterios específicos.
[4] Transparency International New Zealand (Consultado en marzo de 2021). Corruption Perceptions Index. Disponible en: https://www.transparency.org.nz/corruption-perceptions-index/
[5] The Risk & Compliance Portal (formerly The Business Anti-Corruption Portal) (Consultado en marzo de 2021). New Zealand Corruption Report. Disponible en: https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/new-zealand/
[6] Parlamentary Counsel Office (Consultado en marzo de 2021). Crimes Act 1961. Disponible en: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/whole.html#DLM328728
[7] Parlamentary Counsel Office (Consultado en marzo de 2021). Secret Commissions Act 1910. Disponible en: https://www.legislation.govt.nz/act/public/1910/0040/latest/whole.html#DLM177648
[8] New Zealand’s official export credit agency (Consultado en marzo de 2021). Bribery legislation in New Zealand. Disponible en: https://exportcredit.treasury.govt.nz/corporate-responsibility/bribery-legislation-new-zealand
[9] World Economic Forum (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
[10] Las puntuaciones se encuentran en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la situación óptima.
[11] El Gobernador General y el Fiscal General, forman parte del poder ejecutivo. Ministerio de Justicia (Consultado en marzo de 2021). Quién hace y aplica la ley. Disponible en: https://www.justice.govt.nz/about/learn-about-the-justice-system/how-the-justice-system-works/who-makes-and-applies-the-law/
[12] Courts of New Zealand (Consultado en marzo de 2021). Structure of the court system. Disponible en: https://courtsofnz.govt.nz/about-the-judiciary/structure-of-the-court-system
[13] Gravitas (2019). New Zealand Police Citizens’ Satisfaction Survey. Disponible en: https://www.police.govt.nz/sites/default/files/publications/citizen-satisfaction-survey-report-2019.pdf
[14] Independent Police Conduct Auhority (Consultado en marzo de 2021). We are the only NZ Police oversight body. Disponible en: https://www.ipca.govt.nz/Site/about-us/
[15] State Services Commission (Consultado en marzo de 2021). Understanding the code of conduct- Guidance for State servants. Disponible en: https://ssc.govt.nz/assets/Legacy/resources/UnderstandingtheCode-April2010.pdf
[16] State Services Commission (Consultado en marzo de 2021). Kiwis Count 2018, Annual Report. Disponible en: https://ssc.govt.nz/assets/Legacy/Kiwis-Count_annual-report-final-2018.pdf
[17] Public Services Commission (Consultado en marzo de 2021). Reformas del servicio público. Disponible en: https://www.publicservice.govt.nz/our-work/reforms/
[18] Ministry of Business (Consultado en marzo de 2021). Innovation and Employment. Principles and rules. Disponible en: https://www.procurement.govt.nz/procurement/principles-and-rules/
[19] The Risk & Compliance Portal (formerly The Business Anti-Corruption Portal), Op. cit.
[20] Blavatnik School of Government and the Institute for Government (2019). The International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index. Disponible en: https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-04/InCiSE%202019%20Results%20Report.pdf
[21] U.S. Department of State (2020). Country Reports on Human Rights Practices: New Zealand. 2020 Country Reports on Human Rights Practices. Disponible en: https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/new-zealand/
[22] Freedom House (2019). New Zealand. Freedom in the World 2019. Disponible en: https://freedomhouse.org/country/new-zealand/freedom-world/2020
[23] International Bar Association (2018). Whistleblower Protection Project. Disponible en https://www.ibanet.org/LPRU/whistleblowing.aspx
[24] The World Law Group (2016). Global Guide to Whistleblowing Programs. Disponible en https://www.theworldlawgroup.com/writable/documents/news/WLG-Global-Guide-To-Whistleblowing-Programs-2016-Second-Edition-FINAL.pdf
[25] Ombudsman (2019). Denuncia de irregularidades: una guía de la Ley de divulgaciones protegidas. Disponible en: https://www.ombudsman.parliament.nz/resources/whistle-blowing-guide-protected-disclosures-act
