DESCRIPCIÓN GENERAL
De acuerdo con Business Anti-Corruption Portal, en Suecia [3] la corrupción no es un obstáculo importante para los negocios. El Código Penal de Suecia criminaliza la mayoría de las formas de corrupción y existe un sólido estado de derecho en el país. Las adquisiciones a nivel municipal se identifican como un riesgo de corrupción. La legislación sueca no hace una distinción entre soborno y pagos de facilitación, lo que significa que no hay excepción para los pagos de facilitación. Las empresas deben conocer el Código de Regalos, Recompensas y otros Beneficios en los Negocios, publicado como un suplemento a los cambios del Código Penal.
El gobierno de Suecia, en general, ha implementado efectivamente leyes anticorrupción. Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE ha criticado a Suecia por no hacer cumplir la Ley del Soborno Extranjero. [4]
NORMATIVA
Es de observarse que, la conciencia de los riesgos de corrupción y la necesidad de prevenirla han aumentado significativamente en los últimos años en Suecia. Así, la legislación se modificó por última vez en 2012 para modernizar las reglas, hacerlas más eficientes y ampliar el ámbito de aplicación de acuerdo con las normas internacionales, como la Convención de Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esto llevó a la introducción de dos nuevos delitos en la legislación sueca, a saber, "financiación negligente del soborno" y "comercio de influencia". [5]
Así, el Código Penal sueco penaliza la mayoría de las formas de corrupción pública y privada. El Código aborda los delitos de corrupción por malversación de fondos, abuso de confianza y soborno. Los delitos se organizan en cinco secciones: soborno pasivo, soborno activo, soborno grave, comercio de influencia y financiación negligente. De esta forma, la legislación prohíbe a cualquiera que esté empleado o desempeñe una función dar o recibir un soborno. Las corporaciones pueden ser consideradas responsables del soborno si la compañía no ha hecho lo que razonablemente se puede esperar para evitar el soborno, o en caso de que el soborno haya sido cometido por un individuo en una posición de liderazgo o con responsabilidad de supervisión.
Además, existen otros ordenamientos legales como la disposición sobre tráfico de influencia que penaliza la recepción de una ventaja indebida con el fin de influir en una tercera persona en relación con el ejercicio de la autoridad o un proceso de contratación pública. También, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual prohíbe específicamente la deducción fiscal de los sobornos y otros gastos no oficiales. Asimismo, el Código sobre recepción de obsequios, recompensas y otros beneficios en los negocios actúa como un complemento del Código Penal y ha sido desarrollado bajo los auspicios del Instituto Sueco Anticorrupción. [6]
En 2018 Suecia aprobó la Ley sobre restricciones, la cual regula los casos en donde los ministros y secretarios de estado hacen transición a actividades no estatales: La ley obliga a dichos sujetos a declarar ante una Comisión del Parlamento sus intenciones de formar parte de un empleo, asignación o negocio no gubernamental. Dicha comisión identifica la existencia de un riesgo financiero para el estado, ventaja injusta para la parte privada o daño a la confianza pública del Estado, pudiendo imponer como determinante un periodo de espera o restricciones de máximo un año para ocupar dicho cargo. [7]
COMPETITIVIDAD GLOBAL
Suecia ocupa el octavo lugar a nivel mundial en el Índice de Competitividad Global (ICG) 2019. Pues, el país obtuvo 81.2 puntos en el ICG 2019, publicado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y su capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. [8]
Particularmente, algunas variables relacionadas con el control de la corrupción se encuentran en uno de los doce pilares que integran el ICG 2019, específicamente en el Pilar 1: Instituciones, en donde Suecia obtuvo los siguientes resultados:
El Pilar 1 captura aspectos como: seguridad, derechos de propiedad, capital social, controles y balances, transparencia y ética, desempeño del sector público y gobierno corporativo. Pues, las instituciones impactan la productividad, principalmente a través de incentivos y reduciendo las incertidumbres. Así, resulta importante medir cómo al establecer restricciones, tanto legales (leyes y mecanismos de aplicación) como informales (normas de comportamiento), las instituciones determinan el contexto en el que los individuos se organizan, así como a su actividad económica.
Es de mencionarse que, entre sus pares europeos con alto rendimiento, Suecia parece estar mejor preparada para aprovechar las oportunidades que brinda el acelerado cambio tecnológico. El país ocupa un lugar extremadamente alto en la adopción de las Tecnologías de Información y Comunicación, con un alto puntaje tanto en los niveles de uso de Internet como en la calidad de su conectividad: 18º lugar en conexiones de banda ancha móvil, 12º lugar en conexión de banda ancha fija y 5º lugar para Conectividad de fibra al hogar.
Cabe destacar que ocupa el tercer lugar a nivel mundial en términos de las habilidades digitales de su población. Estos altos niveles de preparación tecnológica, combinados con un sólido desempeño en capital humano, que incluye educación, habilidades y salud pública, proporcionan una muy buena base para capitalizar la fuerte capacidad de innovación de Suecia. [10]
PRINCIPALES INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
SISTEMA JUDICIAL
El estado de derecho se mantiene bien en Suecia y el sistema judicial funciona de manera independiente e imparcial, con una aplicación coherente de las leyes. Los sobornos y los pagos irregulares a cambio de decisiones judiciales favorables son raros. Aproximadamente, siete de cada diez suecos creen que la independencia del poder judicial es justa o muy buena. Otro dato interesante es que sólo uno de cada cinco jueces cree que algunos jueces han sido nombrados por razones distintas al mérito o la experiencia. [14]
De acuerdo con datos de The World Justice Project, Suecia observa una baja frecuencia en aceptar y solicitar sobornos para realizar tareas o procesos en el poder judicial, además las sentencias judiciales están libres de la influencia indebida por parte de gobierno, intereses privados y organizaciones criminales. Los datos arrojados en el componente Ausencia de corrupción en el poder judicial lo ubican con una puntuación de 0.98 (en una escala de 0 como el más bajo y 1 como el más alto) dichos datos se encuentran por encima de la media y entre los valores más altos. [15]
La Fiscalía se encuentra formada por aproximadamente 1,500 empleados, 1000 de ellos son fiscales, mientras que el resto trabaja en diversas funciones de apoyo. Su operación se desarrolla en cuatro Fiscalías Públicas y en el Ministerio Público Nacional. Las áreas de la Fiscalía están integradas por las 32 fiscalías del país, con un ámbito geográfico de actuación que equivale aproximadamente a uno o dos condados. [16]
La Fiscalía Sueca tiene una unidad nacional, la Unidad Nacional Anticorrupción, que administra las investigaciones relacionadas con delitos de corrupción.
Su propósito es recopilar información especializada dentro del área y encontrar uniformidad en la aplicación de la ley. Los delitos de corrupción corren el riesgo de socavar la confianza en las funciones públicas, en la ley y el orden en general, así como en la economía de mercado, empresas y organizaciones. Por lo tanto, es importante reunir expertos en esta área, que a menudo es difícil de investigar y encontrar uniformidad en la aplicación de la ley.
En 2003, se estableció una fiscalía nacional especial, la Unidad Nacional Anticorrupción, encargada de administrar las investigaciones sobre delitos de corrupción (como diferentes formas de soborno o casos en los que personas con una posición de liderazgo en la sociedad han abusado de su cargo), pero también casos que están estrechamente relacionados con este tipo de delitos. Además de las actividades de investigación, la unidad promueve procedimientos legales uniformes al trabajar activamente con asuntos judiciales dentro del área.
La Unidad lleva a cabo cursos de capacitación sobre medidas anticorrupción, específicamente dirigidos a las autoridades y ha iniciado la formación de una red nacional para detectar y combatir las violaciones de la corrupción; también, participa en el trabajo internacional dentro de organismos como la OCDE y colabora con las autoridades de otros países en el trabajo operativo con el objetivo de agilizar la cooperación judicial. [17]
POLICÍA
Conforme a Business Anti-Corruption Portal, existe un bajo riesgo de corrupción al interactuar con la policía sueca. Las empresas consideran que la policía es lo suficientemente confiable. Además, solo uno de cada diez suecos piensa que la corrupción entre los agentes de policía es generalizada. Puede ser que esto se deba a que el gobierno ha establecido mecanismos efectivos para investigar y castigar la corrupción entre las fuerzas policiales. [18]
La Policía Nacional y la Policía Criminal Nacional son responsables de la aplicación de la ley y el orden general en el país. El Servicio de Seguridad es responsable de la seguridad nacional relacionada con el terrorismo, el extremismo y el espionaje. El Ministerio de Justicia proporciona fondos e instrucciones para la realización de las actividades policiales, pero no controla su desempeño. De acuerdo con la constitución, todas las ramas de la policía son autoridades independientes.
Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. No hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieran abusos y la impunidad no fue un problema significativo en las fuerzas de seguridad. [19]
SERVICIOS PÚBLICOS
La administración pública generalmente se considera eficiente, proporciona servicios integrales de alta calidad tanto para ciudadanos como para empresas. Los bajos niveles de corrupción percibida y experimentada en Suecia están vinculados a la larga tradición de apertura y transparencia de la sociedad e instituciones suecas, así como a un fuerte respeto por la ley. [20]
El sector de servicios públicos sueco conlleva un bajo riesgo de corrupción. Las empresas informan que los pagos y sobornos irregulares al interactuar con los servicios gubernamentales son raros. Un tercio de los suecos percibe que los funcionarios gubernamentales que emiten permisos de negocios son corruptos, pero ninguno de ellos en realidad informa que se les pidió que paguen un soborno. Se señala que para iniciar una empresa en Suecia se requieren menos pasos y menor tiempo que en el promedio de los países de la OCDE. [21]
De acuerdo con el Índice Internacional de Efectividad del Servicio Civil, Suecia ocupa el décimo puesto en materia de Servicios Digitales, dicho indicador considera: la disponibilidad transfronteriza de servicios y la disponibilidad clave de habilitadores (prestación de servicios digitales y el uso de tarjetas de identificación). [22]
CONTRATACIÓN PÚBLICA
La legislación sueca sobre contratación pública se basa principalmente en las Directivas emitidas por la Unión Europea. Esto significa que la libre circulación en el mercado interno puede no estar limitada a la hora de realizar compras públicas, y que se deben seguir los principios básicos de transparencia, igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y reconocimiento mutuo.
Las adquisiciones públicas se rigen por la Ley de Contratación Pública, la Ley de Contratación de Servicios Públicos, la Ley de Adquisiciones de Concesiones y la Ley de Adquisiciones de Seguridad y Defensa. Varias de las disposiciones de estos actos implementan las disposiciones de las Directivas de compras. Sin embargo, el Capítulo 19 de la Ley de Contratación Pública regula las compras que caen total o parcialmente fuera del ámbito de aplicación de estas Directivas. Esto se aplica a las adquisiciones por debajo de los valores límite estipulados en las Directivas y a las adquisiciones de servicios sociales y otros servicios especiales.
Los capítulos 20 y 21 contienen disposiciones sobre recursos legales que especifican cómo los proveedores perjudicados en una contratación pueden solicitar a un tribunal que revise la adquisición o declare la nulidad de un contrato.
La Agencia Nacional de Contratación Pública brinda apoyo y orientación en adquisiciones públicas a las autoridades, proveedores y otros agentes de compras públicas. La Agencia tiene la responsabilidad general de desarrollar, administrar y respaldar las adquisiciones llevadas a cabo por las autoridades y unidades contratantes.
Como parte de los esfuerzos para desarrollar adquisiciones públicas, el gobierno de Suecia ha creado una Estrategia Nacional de Adquisiciones. Esta estrategia contiene sugerencias y consejos sobre cómo las autoridades y unidades de contratación pueden desarrollar su trabajo estratégico en compras públicas. [23]
SOCIEDAD CIVIL
De acuerdo con Freedom House, en Suecia las libertades civiles y los derechos políticos están legalmente garantizados y respetados en la práctica, y prevalece el estado de derecho. [24]
La ley sueca protege la libertad de expresión y sus medios son independientes. El ámbito de acción de los medios es diverso y el gobierno ofrece subsidios a los periódicos independientemente de sus afiliaciones políticas. Las fuentes están protegidas por la ley y es posible acceder a la información a través del Estatuto de Libertad de Información.
Los medios de comunicación juegan un papel importante frente a los políticos y a la administración pública pues cuentan con fuertes protecciones legales, incluida la Ley de Libertad de Prensa. El Tribunal Supremo dictaminó que los editores de los periódicos suecos son personalmente responsables de todos los artículos publicados en el sitio web del periódico (incluidos aquellos archivados), lo que hace que los editores sean legalmente responsables de los artículos aprobados por sus predecesores.
Además, en Suecia se respetan las libertades de reunión y asociación. Por lo que, los trabajadores tienen derecho a la huelga, a afiliarse a sindicatos independientes, y a negociar colectivamente. Los actores de la sociedad civil en Suecia generalmente pueden proporcionar propuestas de políticas de alta calidad. [25]
El objetivo de la política de derechos humanos en Suecia es garantizar el pleno respeto a los compromisos internacionales que el país ha realizado en materia de derechos humanos. Suecia tiene la intención de asumir un papel de liderazgo en la implementación de la Agenda 2030. Los derechos humanos deben permear todos los aspectos de esa labor, y Suecia trata de ser una fuerza positiva cumpliendo sus compromisos en materia de derechos humanos. Con base en lo anterior, en enero de 2020 el gobierno sueco presentó ante la ONU el Examen Periódico Universal (EPU) mediante el cual se desprenden un conjunto de recomendaciones en el tratamiento de los derechos humanos. [26]
PROTECCIÓN A DENUNCIANTES (WHISTLEBLOWING)
La primera Ley sueca de denuncia de irregularidades (2016/749) entró en vigor el 1 de enero de 2017. La ley no obliga a las empresas a tener sistemas de denuncia de irregularidades. En su lugar, tiene como objetivo proteger a los empleados del sector privado de las represalias del empleador al revelar información sobre delitos graves (es decir, actos que pueden ser castigados con prisión).
Para estar protegido de conformidad con la Ley de denuncia de irregularidades, el empleado primero debe haber planteado la inquietud internamente sin una respuesta adecuada, o haber estado en una situación en la que fue motivado para hacerlo público por otras razones. Además, la protección no se aplica cuando el denunciante comete un delito al revelar la información.
En cuanto a los empleados del sector público, la Ley de Libertad de Prensa (1949/105), que forma parte de la Constitución sueca, establece un derecho fundamental para comunicar información secreta a periodistas, medios de comunicación o agencias de noticias con el propósito de publicación. Desde enero de 2017, este derecho también se aplica a los empleados de empresas privadas que dirigen instituciones escolares, de atención y de bienestar social, en cierta medida financiadas con impuestos. Si el empleado decide criticar a la compañía de forma anónima, el empleador no tiene derecho a tratar de averiguar quién estaba detrás de la información; no se puede investigar quién hizo uso de su derecho legal de comunicarse bajo el régimen de "protección de los informantes". Tampoco tiene el empleador ningún derecho de obstaculizar o castigar a la persona que ha hablado. El empleador tampoco tiene derecho a amonestar de ninguna manera a nadie que publique infracciones. Además, si el informante alega que él o ella ha recibido represalias, la carga de la prueba para demostrar que esto no ocurrió recaerá sobre el empleador.
El medio de comunicación que recibe la información está obligado a proteger la identidad de los informantes. Las autoridades o agencias públicas están legalmente impedidas de tratar de averiguar quién era el informante o de castigarlo de alguna manera. Sin embargo, el anonimato de los informantes y su libertad de responsabilidad no se aplican si la persona que proporciona la información:
• Comete delitos graves contra la seguridad nacional o el estado;
• Revela intencionalmente documentos oficiales clasificados para su publicación; o
• Incumple los deberes de confidencialidad mencionados específicamente en el Capítulo 16 de la Ley de Acceso Público a la Información y el Secreto (2009/400).
Adicionalmente, se ha formulado un complejo sistema de exenciones para proteger algunos valores que la legislatura considera más importantes que el derecho a la información. [27]
DESCARGA DE FICHA
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FUENTES CONSULTADAS
[1] El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional combina datos de una variedad de fuentes distintas que recogen las percepciones que tienen empresarios y especialistas de 180 países y territorios sobre los niveles de corrupción en el sector público. Para mayor referencia, véase el sitio de publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2020, disponible en: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/
[2] El IPC2020 utiliza una escala de 0 a 100. 100 podría entenderse “sin corrupción” y 0 podría entenderse como “altamente corrupto”.
[3] NOTA: La información del Banco de Buenas Prácticas es de carácter informativo. Las prácticas no son evaluadas bajo ninguna metodología o criterios específicos
[4] The Risk & Compliance Portal (formerly The Business Anti-Corruption Portal) (Consultado en abril de 2021). Sweden Corruption Report. Disponible en: https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/sweden/
[5] Lexology (Consultado en abril de 2021). Anti-Corruption and Bribery in Sweden. Disponible en: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6deb5601-1098-40db-8ede-a8082f1d5754
[6] The Risk & Compliance Portal (formerly The Business Anti-Corruption Portal), op. cit.
[7] Group of States against Corruption (2019). Fifth Evaluation Round: Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies. Disponible en: https://rm.coe.int/fifth-evaluation-round-preventing-corruption-and-promoting-integrity-i/1680943be3
[8] World Economic Forum (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
[9] Las puntuaciones se encuentran en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la situación óptima.
[10] World Economic Forum, Op. cit.
[11] Polisen (Consultado en abril de 2021). Nationella korruptionsgruppen -polisens arbete. Disponible en: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/nationella-anti-korruptionsgruppen/
[12] Åklagarmyndigheten (Consultado en abril de 2021). Om Åklagarmyndigheten. Disponible en: https://www.aklagare.se/om-oss/
[13] Lexology, Op. cit.
[14] The Risk & Compliance Portal (formerly The Business Anti-Corruption Portal), Op. cit.
[15] World Justice Project (2020). Rule of Law Index 2020. Disponible en: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI-Spanish.pdf
[16] Åklagarmyndigheten (Consultado en abril de 2021). About us. Disponible en: https://www.aklagare.se/en/about-us/
[17] Swedich Prosecution Authority (Consultado en abril de 2021). National Anti-Corruption Unit. Disponible en: https://www.aklagare.se/en/contact/public-prosecution-areas/national-public-prosecution-department/national-anti-corruption-unit/
[18] The Risk & Compliance Portal (formerly The Business Anti-Corruption Portal), Op. cit.
[19] U.S. Department of State (2020). Country Reports on Human Rights Practices for 2020. Disponible en: https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/sweden/
[20] European Comission (2014). Annex Sweden to the EU Anti-Corruption Report. Disponible en: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_sweden_chapter_en.pdf
[21] The Risk & Compliance Portal (formerly The Business Anti-Corruption Portal), Op. cit.
[22] The International Civil Services Effectiveness Index (2019). Results Report 2019. Disponible en: https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-04/InCiSE%202019%20Results%20Report.pdf
[23] Government Offices of Sweden (Consultado en abril de 2021). Public procurement - How it works in Sweden. Disponible en: https://www.government.se/government-policy/central-government-adminstration/public-procurement---how-it-works-in-sweden/
[24] Freedom House (Consultado en abril de 2021). Freedom in the world 2020. Sweden. Disponible en: https://freedomhouse.org/country/sweden/freedom-world/2020
[25] The Risk & Compliance Portal (formerly The Business Anti-Corruption Portal), Op. cit.
[26] Naciones Unidas Asamblea General (2020). Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/44/12
[27] Lexology, Op. cit.
