DESCRIPCIÓN GENERAL
De acuerdo con Transparencia Internacional, Dinamarca[3] no está generalmente asociada con la corrupción. Se desempeña muy bien en las mediciones internacionales de corrupción, y la mayoría de los expertos están de acuerdo en que su sector público exhibe un alto nivel de integridad. Los datos de encuestas sobre la experiencia de los ciudadanos y las empresas con la corrupción tienden a reflejar esta situación, con tasas bajas de soborno denunciado [4].
Por otro lado, según Business Anti-Corruption Portal, el soborno y otras prácticas corruptas no se consideran obstáculos para las empresas. De manera general, el Código Penal de Dinamarca prohíbe el soborno y la mayoría de las formas de delitos de corrupción contenidos en las convenciones internacionales contra la corrupción. Asimismo, está prohibido sobornar a servidores públicos extranjeros y las empresas pueden ser penalmente responsables por actos de corrupción cometidos por personas que trabajan en su nombre [5] .
Dinamarca ha ratificado varias convenciones internacionales contra la corrupción, entre las que destacan la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), el Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa y la Organización para la Economía, así como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO por sus siglas en inglés) [6].
NORMATIVIDAD
De acuerdo con Getting The Deal Through, el Código Penal de Dinamarca prohíbe el soborno activo y pasivo, el comercio de influencias, la malversación de fondos, el fraude, el abuso de confianza y el lavado de dinero. También prohíbe a cualquier persona o individuo recibir, exigir o aceptar indebidamente la promesa de un regalo u otro privilegio mientras ejerce una función o cargo público.
Respecto a las sanciones, el Código Penal [7] estipula que pueden ser por medio de multas penales, encarcelamiento, decomiso, así como la exclusión de los procedimientos de compras públicas. En este sentido, la Ley Núm. 1564/2015 señala que la autoridad contratante debe aplicar los motivos de exclusión obligatorios a los licitantes y debe excluirlos del procedimiento si son condenados por un delito grave. La pena máxima es de seis años por soborno. Asimismo, el tribunal puede prohibir a una persona declarada culpable de soborno participar en negocios similares al contexto en el que ocurrió el soborno durante uno a cinco años.
La Ley de Medidas para Prevenir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo requiere que las instituciones financieras reguladas y otras entidades informen las transacciones sospechosas al Ministerio Público de Delitos Económicos Graves e Internacionales. Las empresas del sector financiero tienen la obligación de implementar un programa de denuncia de irregularidades para sus empleados. Igualmente, el Código de Conducta del Sector Público establece el deber de denunciar las irregularidades que se detecten en el sector público.
COMPETITIVIDAD GLOBAL
Dinamarca ha obtenido 80.6 puntos en el Índice de Competitividad Global (ICG) 2018, publicado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Está bien situado en el ranking de competitividad, en el que ocupa el puesto 10 de los 140 países que se analizan [8].
Particularmente, algunas variables relacionadas con el control de la corrupción se encuentran en uno de los doce pilares que integran el ICG 2018, específicamente en el Pilar 1: Instituciones, en donde Dinamarca obtuvo los siguientes resultados:
El Pilar 1: Instituciones captura aspectos como: seguridad, derechos de propiedad, capital social, controles y balances, transparencia y ética, desempeño del sector público y gobierno corporativo. Pues, las instituciones impactan la productividad, principalmente a través de incentivos y reduciendo las incertidumbres. Así, resulta importante medir cómo al establecer restricciones, tanto legales (leyes y mecanismos de aplicación) como informales (normas de comportamiento), las instituciones determinan el contexto en el que los individuos se organizan, así como a su actividad económica.
PRINCIPALES INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Dinamarca no tiene una agencia anticorrupción. Sin embargo, esta área está cubierta por la Fiscalía General de Delincuencia Especial Económica e Internacional, perteneciente a la Fiscalía General.
SISTEMA JUDICIAL
El sistema legal danés se basa en el llamado principio de dos niveles, lo que significa que las partes en un caso generalmente tienen la opción de apelar la decisión de un tribunal a una instancia superior. El tribunal superior puede entonces llegar a la misma conclusión o cambiar la decisión.
La mayoría de los casos comienzan a nivel de tribunal de distrito con la opción de apelar a uno de los tribunales superiores. En casos especiales puede presentarse ante la tercera y más alta instancia: el Tribunal Supremo. Hay 24 tribunales de distrito en Dinamarca. Como regla general, todos los casos judiciales comienzan en uno de los tribunales de distrito. En casos especiales, el tribunal de distrito puede remitir un caso civil al tribunal superior si el caso tiene que ver con principios de interés general [11].
El poder judicial es independiente de las otras ramas del gobierno y es considerado como independiente y justo. Las empresas tienen suficiente confianza en la eficiencia del marco legal para resolver disputas. Los sobornos y los pagos irregulares a cambio de juicios favorables se perciben como muy poco comunes. Más de cuatro de cada cinco empresas y ciudadanos perciben que la independencia de los tribunales es buena o muy buena. Los jueces expresan confianza en que los nombramientos y ascensos en el poder judicial se basen en los méritos [12].
POLICÍA
La policía danesa goza de un alto grado de confianza pública. La confiabilidad de los servicios policiales para proteger a las empresas del delito se considera muy alta, y el gobierno tiene mecanismos efectivos para investigar y castigar el abuso y la corrupción policial. Las encuestas públicas revelan que los ciudadanos no pagan sobornos a los agentes de policía y que los servicios policiales se consideran entre las instituciones menos corruptas de Dinamarca [13].
SERVICIOS PÚBLICOS
Es muy poco probable que las empresas encuentren corrupción cuando obtienen servicios públicos en Dinamarca. Los procedimientos burocráticos son simplificados y transparentes. Gran parte de la administración danesa está descentralizada y la interpretación de las leyes puede variar de un municipio o región a otro [14].
Asimismo, Dinamarca está implementando gradualmente una estrategia digital para tramitar los servicios públicos que los ciudadanos utilizan más. De acuerdo con el Índice de Economía y Sociedad Digital 2018 (DESI2018), Dinamarca se ubica como el primer país dentro de la Unión Europea con mayores servicios públicos digitales [15].
CONTRATACIÓN PÚBLICA
La regulación danesa de la contratación pública se encuentra principalmente en tres órdenes ejecutivas, cada una de las cuales implementa una serie de directivas de la Unión Europea.
La Autoridad danesa de la Competencia y el Consumidor es responsable de la legislación relativa a la contratación pública, incluida la aplicación de la legislación europea pertinente. La División de Compras Públicas de la Autoridad Danesa de Competencia y del Consumidor opera el portal en línea danés para la contratación pública (udbud.dk). Además, participa en diferentes actividades dentro de la Unión Europea en relación con la contratación pública, por ejemplo, la Red de Contratación Pública (PPN) [16] y el Grupo de Expertos en Contratación Pública [17]. Asimismo, la autoridad que tiene la responsabilidad de dar seguimiento a las quejas es la Autoridad de la Competencia danesa, la cual maneja las quejas relacionadas con las adquisiciones tanto danesas como extranjeras. Si ya se ha adjudicado un contrato, el caso suele remitirse a la Junta de Reclamaciones para la Contratación Pública, que cuenta con varios recursos a su disposición, incluida la posibilidad de otorgar una indemnización.
Respecto a los procedimientos de contratación, las autoridades estatales, regionales y locales están obligadas a invitar a licitaciones. Las entidades privadas generalmente no tienen ninguna obligación de este tipo. De acuerdo con la Ley de Contratación Pública los métodos de licitación son: 1) procedimiento abierto, 2) procedimiento restringido, 3) procedimiento competitivo con negociación, 4) diálogo competitivo, 5) asociaciones de innovación, 6) procedimiento negociado sin publicación previa, y 7) concurso de diseño.
SOCIEDAD CIVIL
Los actores no gubernamentales, como los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, han recibió bajas calificaciones en términos de su papel como vigilantes anticorrupción. En la práctica, sin embargo, esto no es una debilidad, ya que refleja el hecho de que la corrupción y la lucha contra la corrupción ocupan un lugar relativamente pequeño en el debate público [18].
PROTECCIÓN A DENUNCIANTES (WHISTLEBLOWING)
Dinamarca no cuenta con legislación especial de protección a denunciantes. Sin embargo, de acuerdo con las Secciones 75a y 75b de la Ley Danesa de Negocios Financieros, las instituciones del sector financiero están obligadas a implementar un esquema de denuncias que permita a los empleados y miembros de la Junta Directiva de la institución informar de manera anónima cualquier violación de las regulaciones financieras cometidas por la organización o sus empleados.
Solamente, empleados, directivos y miembros de la Junta Directiva de la institución, clientes, proveedores y otros terceros asociados con la organización pueden informar a través del programa de denuncia de irregularidades. Mientras que las personas que pueden ser objeto de un reporte en el marco del programa de denuncias solamente son las personas afiliadas a la compañía o al grupo, por ejemplo, empleados, miembros de la junta, auditores, abogados y proveedores.
Además, la Ley Danesa de Procesamiento de Datos Personales (LDPDP) contiene reglas generales aplicables a todo el procesamiento de datos personales, incluido el relacionado con los esquemas de denunciantes. Generalmente, sí se permite el reporte anónimo. Sin embargo, la (LDPDP) recomienda que los informes bajo un programa de denuncias de irregularidades solo estén disponibles para los informantes nombrados.
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REFERENCIAS
[1] . El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional combina datos de una variedad de fuentes distintas que recogen las percepciones que tienen empresarios y especialistas de 180 países sobre los niveles de corrupción en el sector público. Para mayor referencia sobre la metodología del IPC, véase, Índice de Percepción de la Corrupción 2018: Breve nota sobre la metodología, disponible en: https://www.tm.org.mx/metodologiaipc2018/
[2] El IPC2018 utiliza una escala de 0 a 100. 100 podría entenderse “sin corrupción” y 0 podría entenderse como “altamente corrupto”.
[3] NOTA: La información del Banco de Buenas Prácticas es de carácter informativo. Las prácticas no son evaluadas bajo ninguna metodología o criterios específicos.
[4] Transparency International (2018). Denmark. Overview of corruption and anti-corruption. Disponible en: https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/denmark-overview-of-corruption-and-anti-corruption
[5] Business Anti-Corruption Portal (Consultado en enero de 2019). Denmark Corruption Report. Disponible en: https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/denmark/
[6] Getting the Deal Through (Consultado en enero de 2019). Anti-Corruption Regulation Denmark. Disponible en: https://gettingthedealthrough.com/area/2/jurisdiction/52/anti-corruption-regulation-denmark/
[7] Para mayor información véase: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202516
[8] World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
[9] Las puntuaciones se encuentran en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la situación óptima.
[10] Para mayor información véase: http://www.justitsministeriet.dk/ministeriet
[11] Danmarks Domstole (Consultado en enero de 2019). The Danish Legal. Disponible en: http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Profil/Profilbrochure - UK/kap03.html
[12] U.S. Department of State. Diplomacy in Action (Consultado en enero de 2019). Investment Climate Statements for 2018. Disponible en: https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper
[13] Business Anti-Corruption Portal, Op. cit.
[14] Department of State. Diplomacy In Action, Op. cit.
[15] Comisión Europea (Consultado en enero de 2019). Servicios públicos digitales. Disponible en: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-public-services-scoreboard
[16] Para mayor información véase: http://www.publicprocurementnetwork.org/portal/public/classic/Autorita
[17] Danish Competition and Consumer Authority (Consultado en enero de 2019). La contratación pública. Disponible en: https://www.en.kfst.dk/public-procurement/
[18] Transparencia Internacional (2012). Evaluación del sistema nacional de integridad de Dinamarca. Disponible en: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/national_integrity_system_assessment_denmark_executive_summary
[19] The World Law Group (2016). Global Guide to Whistleblowing Programs. Disponible en http://www.theworldlawgroup.com/wlg/Handbooks__Guides.asp
