DESCRIPCIÓN GENERAL

El riesgo de corrupción en Nueva Zelanda [3] es mínimo, el país se encuentra entre los países menos corruptos del mundo, de acuerdo con las principales instituciones e índices de clasificación.

De acuerdo con Transparencia Internacional, algunos de los factores que contribuyen a la fortaleza del país en el combate a la corrupción son [4] :

• Liderazgo histórico en derechos humanos como el sufragio universal desde 1893.
• Servicio público basado en el mérito originado en la Ley de Servicio Público de 1912.
• El fuerte papel desempeñado por el Defensor del Pueblo y el Auditor General.
• Código de ley fuerte y ejecutable.
• Una población bien educada.

Asimismo, es relevante señalar que el entorno regulatorio es favorable para las empresas, toda vez que los trámites para obtener una licencia o contar con servicios públicos, a menudo toma solo un día. Además, el soborno activo y pasivo en el sector privado y público están prohibidos por la Ley de Delitos y la Ley de Comisiones Secretas. Las sanciones oscilan entre multas de 2.000 NZD (dólar neozelandés) y 14 años de prisión. Por lo que, los funcionarios públicos no pueden solicitar ni aceptar obsequios de acuerdo con el Código de Conducta de la Comisión de Servicios del Estado [5].

NORMATIVIDAD

La Ley de Delitos (The Crimes Act) estipula que es un delito dar, ofrecer o aceptar sobornos de una persona con la intención de influir en un funcionario público con respecto a cualquier acto u omisión en su carácter oficial. Esto se aplica a los jueces, los miembros del Parlamento, los ministros y el personal encargado de hacer cumplir la ley, junto con los funcionarios públicos extranjeros. Las penas de prisión van desde siete hasta catorce años.

Por otra parte, la Ley de Comisiones Secretas contiene delitos de soborno y corrupción relacionados con el sector privado. Las compañías pueden ser consideradas responsables indirectamente por los actos corruptos de sus empleados. Las multas van hasta los $ 2,000 NZD (dólar neozelandés) y las penas de prisión hasta dos años [6].

COMPETITIVIDAD GLOBAL

Nueva Zelanda obtuvo 77.5 puntos en el Índice de Competitividad Global (ICG) 2018, publicado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Está bien situado en este ranking de competitividad en el que ocupa el puesto 18 de los 140 países que se analizan [7].

Particularmente, algunas variables relacionadas con el control de la corrupción se encuentran en uno de los doce pilares que integran el ICG 2018, específicamente en el Pilar 1 en donde Nueva Zelanda obtuvo los siguientes resultados:

El Pilar 1 captura aspectos como: seguridad, derechos de propiedad, capital social, controles y balances, transparencia y ética, desempeño del sector público y gobierno corporativo. Pues, las instituciones impactan la productividad, principalmente a través de incentivos y reduciendo las incertidumbres. Así, resulta importante medir cómo al establecer restricciones, tanto legales (leyes y mecanismos de aplicación) como informales (normas de comportamiento), las instituciones determinan el contexto en el que los individuos se organizan, así como a su actividad económica.

PRINCIPALES INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

SISTEMA JUDICIAL

Los jueces en Nueva Zelanda son nombrados por el Gobernador General con el asesoramiento del Fiscal General, que es miembro del Gabinete de Gobierno. El Fiscal General consulta ampliamente antes de nombrar a los jueces, en particular buscando la opinión de los profesionales del Derecho.

Sobre la estructura del Sistema Judicial, Nueva Zelanda tiene tribunales generales y tribunales especializados. La mayoría de las cuestiones legales son tratadas por "tribunales de jurisdicción general". Estos tribunales deciden los asuntos penales y civiles. También hay varios tribunales especializados que se ocupan de cuestiones relacionadas con el empleo, asuntos familiares y delitos juveniles [9].

POLICÍA

De acuerdo con la Encuesta de Satisfacción de los Ciudadanos respecto de la Policía de Nueva Zelanda 2018, a nivel nacional, la confianza en la Policía es alta y estable con el 78% de los encuestados afirmando que tienen "Total / bastante confianza en la Policía", en comparación con el 77% en 2016/17 [10].

De igual manera, Nueva Zelanda cuenta con la Autoridad Independiente de la Conducta Policial (IPCA, por sus siglas en inglés), la cual investiga y resuelve las quejas y denuncias en contra de las fuerzas policiales. Asimismo, supervisa los lugares de detención de la policía para garantizar que se cumplan las normas de derechos humanos.

El IPCA es legalmente independiente del gobierno y la policía en virtud de la Ley de Entidades de la Corona [11].

SERVICIOS PÚBLICOS


El gobierno de Nueva Zelanda tiene un fuerte Código de Conducta que se aplica a todos los empleados de los Servicios Estatales y se cumple rigurosamente [12].

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2013, sólo 25% de los encuestados consideraron que sentían que los funcionarios públicos eran corruptos o extremadamente corruptos [13].

Asimismo, en 2013, Transparencia Internacional señaló que el Sistema de Integridad Nacional de Nueva Zelanda seguía siendo fundamentalmente sólido, por lo que el país obtuvo una alta calificación frente a una amplia gama de indicadores de transparencia y buen gobierno entre países [14].

Recientemente, en la Encuesta Mundial sobre el Crimen Económico 2018 se dio a conocer que 8% de los empresarios han sufrido la corrupción y el soborno en los últimos 24 meses [15].

CONTRATACIÓN PÚBLICA

La contratación pública de Nueva Zelanda está respaldada por un amplio marco que incluye: i) Cinco principios de la contratación pública, ii) Reglas gubernamentales de abastecimiento y iii) Guía de buenas prácticas.

Los principios son los valores generales que se aplican a todas las compras gubernamentales y proporcionan los fundamentos de las buenas prácticas de compras, estos son: 1) Planificar y gestionar para grandes resultados, 2) Ser justos con todos los proveedores, 3) Obtener el proveedor adecuado, 4) Conseguir la mejor oferta para todos, y 5) Jugar según las reglas.

Además de la política y las normas, existen los estatutos relevantes relacionados con la contratación y compra de bienes y servicios, así como el derecho común de los contratos. Entre la legislación más relevante en la materia se encuentra:

• Ley de contratos y derecho mercantil de 2017.
• Ley de Comercio de 1986.
• Ley de Comercio Justo 1986.
• Ley de contratos de construcción 2002.
• Ley de contratos de los organismos públicos de 1959 [16].

En general, de acuerdo con Business Anti-Corruption existe un bajo riesgo de corrupción en el sector de contratación pública de Nueva Zelanda. La desviación de los fondos públicos es poco común, y los funcionarios no muestran favoritismo a firmas e individuos bien relacionados al momento de decidir sobre políticas y contratos [17].

SOCIEDAD CIVIL

Nueva Zelanda cuenta con una prensa independiente, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático en funcionamiento. En su legislación se establece la libertad de expresión, incluida la prensa [18].

Siguiendo el informe de Freedom House, los neozelandeses discuten libremente puntos de vista personales sobre temas delicados. Sin embargo, en marzo de 2017, el Parlamento aprobó una nueva legislación sobre inteligencia y seguridad. La legislación permite a las autoridades policiales acceder a comunicaciones privadas bajo ciertas condiciones para proteger la seguridad nacional [19].

PROTECCIÓN A DENUNCIANTES (WHISTLEBLOWING)

Nueva Zelanda cuenta con la Ley de Denuncia Protegida (2000), la cual se promulgó para alentar a las personas a denunciar faltas graves en su lugar de trabajo, brindando protección a los empleados. Esto se aplica a los lugares de trabajo del sector público y privado. Las agencias del sector público están obligadas a establecer procedimientos internos para manejar la denuncia de irregularidades [20].

Esta legislación protege las denuncias de empleados (incluye a antiguos empleados, trabajadores a domicilio, contratistas, personas adscritas a organizaciones y voluntarios). No existen límites en cuanto a quién puede ser objeto de un reporte.
La denuncia anónima está permitida, pues no hay ningún requisito para que los empleados revelen su nombre como parte de su denuncia protegida.

Además, la Ley de Derechos Humanos (1993) impide que cualquier persona victimice a otra por haber ejercido sus derechos bajo la Ley de Denuncia Protegida o por tener la intención de hacerlo. Mientras que, la Ley de Privacidad (1993) contiene protecciones implícitas para los datos personales de los denunciantes [21].


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REFERENCIAS

[1] El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional combina datos de una variedad de fuentes distintas que recogen las percepciones que tienen empresarios y especialistas de 180 países sobre los niveles de corrupción en el sector público. Para mayor referencia sobre la metodología del IPC, véase, Índice de Percepción de la Corrupción 2018: Breve nota sobre la metodología, disponible en: https://www.tm.org.mx/metodologiaipc2018/

[2] El IPC2018 utiliza una escala de 0 a 100. 100 podría entenderse “sin corrupción” y 0 podría entenderse como “altamente corrupto”.

[3] NOTA: La información del Banco de Buenas Prácticas es de carácter informativo. Las prácticas no son evaluadas bajo ninguna metodología o criterios específicos.

[4] Transparency International New Zealand (2017). Corruption Perceptions Index. Disponible en: https://www.transparency.org.nz/corruption-perceptions-indexold/

[5] Business Anti-corruption (Consultado en febrero de 2019). New Zealand Corruption Report. Disponible en: https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/new-zealand/

[6] Serious Fraud Office (Consultado en febrero de 2019). Legislation. Disponible en: https://www.sfo.govt.nz/legislation

[7] World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf

[8] Las puntuaciones se encuentran en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la situación óptima.

[9] Courts of New Zealand (consultado en febrero de 2019). Structure of the court system. Disponible en:  https://courtsofnz.govt.nz/about-the-judiciary/structure-of-the-court-system

[10] Gravitas (2018). New Zealand Police Citizens’ Satisfaction Survey. Disponible en: http://www.police.govt.nz/sites/default/files/publications/citizen-satisfaction-survey-report-2018.pdf

[11] Independent Police Conduct Auhority (2017). The Independent Police Conduct Authority is an independent body set up by Parliament to keep watch over the Police. Disponible en:  https://www.ipca.govt.nz/Site/about-us/

[12] State Services Commission (2007). Code of conduct for the State Services. Disponible en: http://www.ssc.govt.nz/code

[13] Transparency International (2013). Global Corruption Barometer. Disponible en: https://www.transparency.org/gcb2013/country?country=new_zealand

[14] State Services Commission (2007). Response to National Integrity Systems Report on New Zealand by Transparency International. Disponible en: http://www.ssc.govt.nz/tinz

[15] PWC (2018). Global Economic Crime Survey 2018. Disponible en:   https://www.pwc.co.nz/pdfs/2018pdfs/pwc-nz-global-economic-crime-survey-2018.pdf

[16] Ministry of Business (2019). Innovation and Employment. Principles and rules. Disponible en: https://www.procurement.govt.nz/procurement/principles-and-rules/

[17] Business Anti-corruption, Op. cit.

[18] U.S. Department of State (2017). Informes de países sobre prácticas de derechos humanos para 2017. Disponible en: https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper

[19] Freedom House (2018). Freedom in the World 2018. Disponible en: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/new-zealand

[20] International Bar Association (2018). Whistleblower Protection Project. Disponible en https://www.ibanet.org/Conferences/whistleblowing.aspx

[21] The World Law Group (2016). Global Guide to Whistleblowing Programs. Disponible en http://www.theworldlawgroup.com/wlg/Handbooks__Guides.asp