¿QUÉ ES?

Una nueva base de datos para la persecución de prácticas de corrupción y del blanqueo de capitales realizados por servidores públicos[3]. La nueva base de datos incluye información detallada de un total de 25,185 personas físicas de las que 16,641 tienen cargos públicos, desde la Jefatura del Estado hasta concejales de ayuntamientos y directivos de todo tipo de sociedades públicas. El resto son “allegados” a estas personas, un concepto que abarca a “todo aquel que tiene una relación empresarial con una persona de responsabilidad pública o que comparte con ella la capacidad de controlar una persona jurídica, ya sea una sociedad, una asociación o una fundación”.

Se trata de una base de datos de personas físicas que cuentan con alguna responsabilidad pública en España y, por tanto, pueden tener acceso en algún momento a fondos públicos. Un registro que, según ha explicado el Consejo General del Notariado (CGN), servirá para ayudar a prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.[4]

¿QUIÉNES INTERVIENEN?

El Consejo General del Notariado creó en diciembre de 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios en esta materia. Desde entonces, la ayuda notarial ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos.

¿CÓMO FUNCIONA?

El OCP ha permitido fortalecer la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y con las autoridades policiales y judiciales, y facilita enormemente la labor individual del notario. Por lo que, es el propio órgano el que comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas.[5]

El Consejo General del Notariado (CGN) ha podido crear esta base, única en España, y ponerla a disposición de Notarios, Fiscalía, Fuerzas de Seguridad del Estado y otros sujetos encargados de la prevención y lucha contra la delincuencia económica, gracias a la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial y a la Base de Datos de Titular Real del Notariado, referente a nivel mundial.

Es la única base de datos que puede identificar a los allegados de las personas con responsabilidad pública gracias a su interconexión con las otras dos bases de datos del Notariado citadas anteriormente[6]. Así, gracias a la interconexión de las bases es posible detectar operaciones inusuales y determinar las personas que intervinieron en ellas.

¿DE QUÉ MANERA ESTA PRÁCTICA CONTRIBUYE AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN?

Los notarios desempeñan una labor determinante en el control y la prevención de delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude fiscal.

Por ello, esta nueva base de datos es un instrumento útil para luchar contra todos los delitos de corrupción, para evitar o mitigar casos de malversación de recursos públicos o de prevaricación.

Cuando un notario percibe en sus oficinas una operación inusual, lo comunica al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), perteneciente también al Notariado, y la base de datos común permite detectar testaferros y seguir el rastro de todas las operaciones que se han ido llevando a cabo con una o con varias sociedades interpuestas o pantalla.

¿CUÁLES FUERON LOS IMPACTOS DE LA PRÁCTICA?

La información procesada de esta base de datos puede ser utilizada por jueces y fiscales, por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por el Sepblac, que es organismo público dependiente del Ministerio de Economía para la prevención del blanqueo de capitales.

La principal novedad de esta base de datos es que permite identificar los testaferros (prestanombres).[7]

Este rastreo ha llegado a servir incluso para desmantelar células islamistas a través de sus estructuras de financiación. Más de 300 funcionarios como policías, guardias civiles, fiscales, jueces u otros de la Agencia Tributaria pueden solicitar información de la base de datos del Notariado identificándose con tarjetas de firma electrónica.[8]


DESCARGA DE FICHA

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FUENTES CONSULTADAS

[1]El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional combina datos de una variedad de fuentes distintas que recogen las percepciones que tienen empresarios y especialistas de 180 países sobre los niveles de corrupción en el sector público. Para mayor referencia sobre la metodología del IPC, véase, Índice de Percepción de la Corrupción 2018: Breve nota sobre la metodología, disponible en: https://www.tm.org.mx/metodologiaipc2018/

[2]El IPC2018 utiliza una escala de 0 a 100. 100 podría entenderse “sin corrupción” y 0 podría entenderse como “altamente corrupto”.

[3]NOTA: La información del Banco de Buenas Prácticas es de carácter informativo. Las prácticas no son evaluadas bajo ninguna metodología o criterios específicos.

[4]Sánchez, R. (25 de enero de 2018). Los notarios crean un registro contra la corrupción de políticos y testaferros. El Periódico. Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/economia/20180125/base-datos-notarios-contra-corrupcion-cargos-publicos-testaferros-6577399

[5] Consejo General del Notariado (consultado en enero de 2019). Prevención del blanqueo de capitales. Disponible en: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/prevencion-del-blanqueo-de-capitales

[6] Ibid.

[7] Sánchez, R. (25 de enero de 2018). Los notarios crean un registro contra la corrupción de políticos y testaferros. El Periódico. Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/economia/20180125/base-datos-notarios-contra-corrupcion-cargos-publicos-testaferros-6577399

[8] Vigil, A. (21 de abril de 2017). Así protegen los notarios 35 millones de datos. Una firma de Barcelona gestiona bajo tierra la información sensible guardada por los fedatarios públicos. El País. Disponible en: https://elpais.com/economia/2017/04/20/actualidad/1492692975_620508.html