DESCRIPCIÓN GENERAL
De acuerdo con Business Anti-Corruption Portal, en Suecia [3] la corrupción no es un obstáculo importante para los negocios. El Código Penal de Suecia criminaliza la mayoría de las formas de corrupción, y existe un sólido estado de derecho en el país. Las adquisiciones a nivel municipal se identifican como un riesgo de corrupción. La legislación sueca no hace una distinción entre soborno y pagos de facilitación, lo que significa que no hay excepción para los pagos de facilitación. Las empresas deben conocer el Código de Regalos, Recompensas y otros Beneficios en los Negocios, publicado como un suplemento a los cambios del Código Penal.
El gobierno de Suecia en general ha implementado efectivamente leyes anticorrupción. Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE ha criticado a Suecia por no hacer cumplir la Ley del Soborno Extranjero [4].
NORMATIVA
Es de observarse que, la conciencia de los riesgos de corrupción y la necesidad de prevenir la corrupción han aumentado significativamente en los últimos años en Suecia. Así, la legislación se modificó por última vez en 2012 para modernizar las reglas, hacerlas más eficientes y ampliar el ámbito de aplicación de acuerdo con las normas internacionales, como la Convención de Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esto llevó a la introducción de dos nuevos delitos en la legislación sueca, a saber, "financiación negligente del soborno" y "comercio de influencia" [5].
Suecia trabaja continuamente para fortalecer su marco anticorrupción, a través de revisiones legislativas y poniendo más demandas en los procesos internos de las empresas. Como resultado de los esfuerzos de los últimos años, Suecia ahora cuenta con un sistema anticorrupción más completo, que incluye legislación que penaliza la mayoría de las formas de soborno. A raíz de los desarrollos legislativos y el enfoque de los medios de comunicación en el comportamiento corporativo corrupto, la lucha contra la corrupción es mucho más importante en la agenda de la sociedad empresarial sueca actual que hace 10 años. Uno de los desafíos actuales de Suecia es hacer cumplir con éxito su legislación anticorrupción sobre los actos de soborno de las empresas suecas en el extranjero [6].
COMPETITIVIDAD GLOBAL
Suecia ocupa el noveno lugar a nivel mundial en el Índice de Competitividad Global (ICG) 2018 y el quinto en Europa. Pues, el país obtuvo 81.7 puntos en el ICG 2018, publicado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad [7].
Particularmente, algunas variables relacionadas con el control de la corrupción se encuentran en uno de los doce pilares que integran el ICG 2018, específicamente en el Pilar 1: Instituciones en donde Suecia obtuvo los siguientes resultados:
El Pilar 1 captura aspectos como: seguridad, derechos de propiedad, capital social, controles y balances, transparencia y ética, desempeño del sector público y gobierno corporativo. Pues, las instituciones impactan la productividad, principalmente a través de incentivos y reduciendo las incertidumbres. Así, resulta importante medir cómo al establecer restricciones, tanto legales (leyes y mecanismos de aplicación) como informales (normas de comportamiento), las instituciones determinan el contexto en el que los individuos se organizan, así como a su actividad económica.
Es de mencionarse que, entre sus pares europeos con alto rendimiento, Suecia parece estar mejor preparada para aprovechar las oportunidades que brinda el acelerado cambio tecnológico. El país ocupa un lugar extremadamente alto en la adopción de las Tecnologías de Información y Comunicación, con un alto puntaje tanto en los niveles de uso de Internet como en la calidad de su conectividad: 12º lugar en conexiones de banda ancha móvil, 13º lugar en conexión de banda ancha fija y 5º lugar para Conectividad de fibra al hogar.
Cabe destacar que ocupa el primer lugar a nivel mundial en términos de las habilidades digitales de su población. Estos altos niveles de preparación tecnológica, combinados con un sólido desempeño en capital humano, que incluye educación, habilidades y salud pública, proporcionan una muy buena base para capitalizar la fuerte capacidad de innovación de Suecia [9].
PRINCIPALES INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Las principales instituciones son:
SISTEMA JUDICIAL
El estado de derecho se mantiene bien en Suecia y el sistema judicial funciona de manera independiente e imparcial, con una aplicación coherente de las leyes. Los sobornos y los pagos irregulares a cambio de decisiones judiciales favorables son raros. Aproximadamente, siete de cada diez suecos creen que la independencia del poder judicial es justa o muy buena. Otro dato interesante es que sólo uno de cada cinco jueces cree que algunos jueces han sido nombrados por razones distintas al mérito o la experiencia [13].
Ahora bien, en cuanto a la Fiscalía ésta incluye la Oficina del Fiscal y la Autoridad Sueca de Delitos Económicos. Dicha institución tiene aproximadamente 1,400 empleados, de los cuales aproximadamente 950 son fiscales. Hay siete áreas geográficas y una Oficina del Fiscal Nacional. Las áreas de enjuiciamiento consisten en las 32 cámaras públicas del país, que tienen un campo de trabajo geográfico aproximadamente equivalente a un condado [14]. La autoridad también cuenta con tres cámaras internacionales de enjuiciamiento en Malmö, Gotemburgo y Estocolmo.
La Oficina del Fiscal Nacional se compone de unidades con responsabilidad nacional para combatir a la corrupción, para cumplir los objetivos ambientales y del entorno laboral, y para cumplir los objetivos de seguridad y terrorismo. Además, el Ministerio Público Internacional de Estocolmo está incluido en el departamento de la Fiscalía Nacional.
La Fiscalía Especial (anteriormente, la Oficina de la Policía Nacional) está directamente subordinada a la Fiscalía General y maneja las sospechas de delitos cometidos, entre otros, por la policía, los fiscales y los jueces [15].
La Unidad Nacional, perteneciente a la Fiscalía, tiene como objetivo principal hacer frente a las investigaciones de los delitos de corrupción (como diversas formas de soborno o casos de los líderes de la comunidad que han abusado de sus posiciones).
Además, la Unidad lleva a cabo cursos de capacitación sobre medidas anticorrupción, específicamente dirigidos a las autoridades y ha iniciado la formación de una red nacional para detectar y combatir las violaciones de la corrupción.
La Unidad también participa en el trabajo internacional dentro de organismos como la OCDE y colabora con las autoridades de otros países en el trabajo operativo con el objetivo de agilizar la cooperación judicial [16].
POLICÍA
Conforme al reporte de Business Anti-Corruption Portal, existe un bajo riesgo de corrupción al interactuar con la policía sueca. Las empresas consideran que la policía es lo suficientemente confiable. Además, menos de uno de cada diez suecos creen que la corrupción entre los agentes de policía es generalizada (Eurobarómetro, 2017). Puede ser que esto se deba a que el gobierno ha establecido mecanismos efectivos para investigar y castigar la corrupción entre las fuerzas policiales [17].
La Policía Nacional y la Policía Criminal Nacional son responsables de la aplicación de la ley y el orden general en el país. El Servicio de Seguridad es responsable de la seguridad nacional relacionada con el terrorismo, el extremismo y el espionaje. El Ministerio de Justicia proporciona fondos e instrucciones para la realización de las actividades policiales, pero no controla su desempeño. De acuerdo con la constitución, todas las ramas de la policía son autoridades independientes.
Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre la Policía Nacional, la Policía Criminal Nacional y el Servicio de Seguridad, y el gobierno contó con mecanismos efectivos para investigar y castigar el abuso y la corrupción. Así, no hubo informes de impunidad que involucraran a las fuerzas de seguridad durante el año 2017 [18].
SERVICIOS PÚBLICOS
La administración pública generalmente se considera eficiente, proporciona servicios integrales de alta calidad tanto para ciudadanos como para empresas. Los bajos niveles de corrupción percibida y experimentada en Suecia están vinculados a la larga tradición de apertura y transparencia de la sociedad e instituciones suecas, así como a un fuerte respeto por la ley [19].
El sector de servicios públicos sueco conlleva un bajo riesgo de corrupción. Las empresas informan que los pagos y sobornos irregulares al interactuar con los servicios gubernamentales son raros. Un tercio de los suecos percibe que los funcionarios gubernamentales que emiten permisos de negocios son corruptos, pero ninguno de ellos en realidad informa que se les pidió que paguen un soborno (Eurobarómetro, 2017). Según se informa, los municipios y condados son vulnerables a la corrupción, y la mayoría de los actos de corrupción involucran a la industria de la construcción, a la gestión de instalaciones e infraestructura y al sector de asistencia social. Además, el reporte señala que para iniciar una empresa en Suecia se requieren menos pasos y menor tiempo que en el promedio de los países de la OCDE [20].
CONTRATACIÓN PÚBLICA
La legislación sueca sobre contratación pública se basa principalmente en las Directivas emitidas por la Unión Europea. Esto significa que la libre circulación en el mercado interno puede no estar limitada a la hora de realizar compras públicas, y que se deben seguir los principios básicos de transparencia, igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y reconocimiento mutuo.
Las adquisiciones públicas se rigen por la Ley de Contratación Pública, la Ley de Contratación de Servicios Públicos, la Ley de Adquisiciones de Concesiones y la Ley de Adquisiciones de Seguridad y Defensa. Varias de las disposiciones de estos actos implementan las disposiciones de las Directivas de compras. Sin embargo, el Capítulo 19 de la Ley de Contratación Pública regula las compras que caen total o parcialmente fuera del ámbito de aplicación de estas Directivas. Esto se aplica a las adquisiciones por debajo de los valores límite estipulados en las Directivas y a las adquisiciones de servicios sociales y otros servicios especiales.
Los capítulos 20 y 21 contienen disposiciones sobre recursos legales que especifican cómo los proveedores perjudicados en una contratación pueden solicitar a un tribunal que revise la adquisición o declare la nulidad de un contrato.
La Agencia Nacional de Contratación Pública brinda apoyo y orientación en adquisiciones públicas a las autoridades, proveedores y otros agentes de compras públicas. La Agencia tiene la responsabilidad general de desarrollar, administrar y respaldar las adquisiciones llevadas a cabo por las autoridades y unidades contratantes.
Como parte de los esfuerzos para desarrollar adquisiciones públicas, el gobierno de Suecia ha creado una Estrategia Nacional de Adquisiciones. Esta estrategia contiene sugerencias y consejos sobre cómo las autoridades y unidades de contratación pueden desarrollar su trabajo estratégico en compras públicas [21].
SOCIEDAD CIVIL
La ley sueca protege la libertad de expresión y sus medios son independientes. El ámbito de acción de los medios es diverso y el gobierno ofrece subsidios a los periódicos independientemente de sus afiliaciones políticas. Las fuentes están protegidas por la ley y es posible acceder a la información a través del Estatuto de Libertad de Información.
Los medios de comunicación juegan un papel importante frente a los políticos y a la administración pública pues cuentan con fuertes protecciones legales, incluida la Ley de Libertad de Prensa. El Tribunal Supremo dictaminó que los editores de los periódicos suecos son personalmente responsables de todos los artículos publicados en el sitio web del periódico (incluidos aquellos archivados), lo que hace que los editores sean legalmente responsables de los artículos aprobados por sus predecesores.
Además, en Suecia se respetan las libertades de reunión y asociación. Por lo que, los trabajadores tienen derecho a la huelga, a afiliarse a sindicatos independientes, y a negociar colectivamente. Los actores de la sociedad civil en Suecia generalmente pueden proporcionar propuestas de políticas de alta calidad [22].
PROTECCIÓN A DENUNCIANTES (WHISTLEBLOWING)
La primera Ley sueca de denuncia de irregularidades (2016/749) entró en vigor el 1 de enero de 2017. La ley no obliga a las empresas a tener sistemas de denuncia de irregularidades. En su lugar, tiene como objetivo proteger a los empleados del sector privado de las represalias del empleador al revelar información sobre delitos graves (es decir, actos que pueden ser castigados con prisión).
Para estar protegido de conformidad con la Ley de denuncia de irregularidades, el empleado primero debe haber planteado la inquietud internamente sin una respuesta adecuada, o haber estado en una situación en la que fue motivado para hacerlo público por otras razones. Además, la protección no se aplica cuando el denunciante comete un delito al revelar la información. La protección mejorada de los denunciantes en el acto consiste en una responsabilidad legal por daños y perjuicios para un empleador que expone a un empleado a represalias como consecuencia de que el empleado haya activado la alarma.
En cuanto a los empleados del sector público, la Ley de Libertad de Prensa (1949/105), que forma parte de la Constitución sueca, establece un derecho fundamental para comunicar información secreta a periodistas, medios de comunicación o agencias de noticias con el propósito de publicación. Desde enero de 2017, este derecho también se aplica a los empleados de empresas privadas que dirigen instituciones escolares, de atención y de bienestar social, en cierta medida financiadas con impuestos. Si el empleado decide criticar a la compañía de forma anónima, el empleador no tiene derecho a tratar de averiguar quién estaba detrás de la información; no se puede investigar quién hizo uso de su derecho legal de comunicarse bajo el régimen de "protección de los informantes". Tampoco tiene el empleador ningún derecho de obstaculizar o castigar a la persona que ha hablado. El empleador tampoco tiene derecho a amonestar de ninguna manera a nadie que publique infracciones. Además, si el informante alega que él o ella ha recibido represalias, la carga de la prueba para demostrar que esto no ocurrió recaerá sobre el empleador.
El medio de comunicación que recibe la información está obligado a proteger la identidad de los informantes. Las autoridades o agencias públicas están legalmente impedidas de tratar de averiguar quién era el informante o de castigarlo de alguna manera. Sin embargo, el anonimato de los informantes y su libertad de responsabilidad no se aplican si la persona que proporciona la información:
• Comete delitos graves contra la seguridad nacional o el estado;
• Revela intencionalmente documentos oficiales clasificados para su publicación; o
• Incumple los deberes de confidencialidad mencionados específicamente en el Capítulo 16 de la Ley de Acceso Público a la Información y el Secreto (2009/400).
Adicionalmente, se ha formulado un complejo sistema de exenciones para proteger algunos valores que la legislatura considera más importantes que el derecho a la información [23].
DESCARGA DE FICHA
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FUENTES CONSULTADAS
[1] El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional combina datos de una variedad de fuentes distintas que recogen las percepciones que tienen empresarios y especialistas de 180 países sobre los niveles de corrupción en el sector público. Para mayor referencia sobre la metodología del IPC, véase, Índice de Percepción de la Corrupción 2018: Breve nota sobre la metodología, disponible en: https://www.tm.org.mx/metodologiaipc2018/
[2] El IPC2018 utiliza una escala de 0 a 100. 100 podría entenderse “sin corrupción” y 0 podría entenderse como “altamente corrupto”.
[3] NOTA: La información del Banco de Buenas Prácticas es de carácter informativo. Las prácticas no son evaluadas bajo ninguna metodología o criterios específicos.
[5] Lexology (Consultado en febrero de 2019). Anti-Corruption and Bribery in Sweden. Disponible en: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6deb5601-1098-40db-8ede-a8082f1d5754
[6] Ackebo, D., et. al. (2018). The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review. The Law Reviews. Edition 7. Disponible en: https://thelawreviews.co.uk/edition/the-anti-bribery-and-anti-corruption-review-edition-6/1151866/sweden
[7] World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
[8] Las puntuaciones se encuentran en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la situación óptima.
[9] World Economic Forum, Op. cit.
[10] Polisen (consultado en febrero de 2019). Nationella korruptionsgruppen -polisens arbete. Disponible en: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/nationella-korruptionsgruppen/
[11] Åklagarmyndigheten (consultado en febrero de 2019). Riksåklagaren. Disponible en: https://www.aklagare.se/Om-oss/Riksaklagaren/
[12] Lexology, Op. cit.
[13] Business Anti-Corruption Portal, Op. cit.
[14] Åklagarmyndigheten (consultado en febrero de 2019). Swedish Prosecution Authority. Disponible en: https://www.aklagare.se/en/om-oss/
[15] Justitiedepartementet (2015). Det svenska rättsväsendet. Disponible en: https://www.regeringen.se/contentassets/f7691b53fffc4f7c9edeeddf4cbb2e2f/det-svenska-rattsvasendet.pdf
[16] Åklagarmyndigheten (consultado en febrero de 2019). Korruptionsbrott. Disponible en: https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/Korruptionsbrott/
[17] Business Anti-Corruption Portal, Op. cit.
[18] U.S. Department of State (2017). Country Reports on Human Rights Practices for 2017. Disponible en: https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
[19] European Comission (2014).Annex Sweden to the EU Anti-Corruption Report. Disponible en: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_sweden_chapter_en.pdf
[20] Business Anti-Corruption Portal, Op. cit.
[21] Government Offices of Sweden (consultado en febrero de 2019). Public procurement - How it works in Sweden. Disponible en: https://www.government.se/government-policy/central-government-adminstration/public-procurement---how-it-works-in-sweden/
[22] Business Anti-Corruption Portal, Op. cit.
[23]Lexology (consultado en marzo de 2019). Whistleblowing in Switzerland.Disponible en https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6d5174ef-67d7-4cc2-97da-0cf77c649912
